No parece un juez, pero lo es. Su halo humilde, cercano y accesible contrasta con la imagen generalizada de magistrado intocable, frío e insensible a la realidad. Pero José María Fernández Seijo -madrileño de 47 años y 22 de carrera profesional en Cataluña-, tiene una voz cálida con la que atiende a todo aquel que quiera saber qué le ha hecho convertirse en uno de los mayores críticos de la actual ley hipotecaria.
Es el magistrado más crítico con la legislación hipotecaria española. El único que ha llevado el problema de los lanzamientos (desahucios) hasta los tribunales europeos. Es el nombre del “gran ausente”, como lo llamó in situ la activista Ada Colau, con quien él mismo reconoce que tiene mucha sintonía desde hace años por “compartir lucha”. Juntos deberían haber estado en la ronda de comparecencias de expertos que tuvo lugar en el Congreso este miércoles y jueves en la Comisión de Economía y Competitividad en busca de las “medidas urgentes” a tomar respecto a este drama social.
Fue en junio cuando dirigió una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea “cuya respuesta debe estar al caer”. El titular del Juzgado Mercantil Número 3 de Barcelona elevó a este Alto Tribunal europeo el caso de Mohamed Aziz, quien pidió amparo legal por contrato abusivo. El juez no evitó el lanzamiento, pero sí que consiguió que, en noviembre, la abogada general de este Tribunal europeo emitiese un informe a su consulta prejudicial. El él se reconoce que la legislación española es ilegal porque incumple con una directiva comunitaria de protección del consumidor en un ámbito que Fernández Seijo domina, las cláusulas abusivas. Tras la vista del juicio, que se produjo el 19 se septiembre, está a la espera de la respuesta final del Tribunal de Luxemburgo. Pero antes, esta misma semana, ha vuelto a estar en el punto de mira de políticos y periodistas.
El pasado miércoles, antes de empezar con la primera comparecencia de expertos, el diputado Valeriano Gómez (PSOE) solicitó al presidente de la mesa de la comisión, Santiago Lanzuela, “ampliar los expertos a un magistrado” propuesto por su grupo, haciendo clara alusión a Fernández Seijo, aunque no pronunciase su nombre. Así lo entendió Lanzuela, que contestó con evasivas e invitó a Gómez a “no ir a remolque de una información publicada por los medios de comunicación que no es veraz”. Se refería a las últimas noticias sobre que el Partido Popular lo había vetado.
Pero la realidad es que media hora después de esa conversación entre Gómez y Lanzuela, Fernández Seijo, desde Barcelona, confesaba a La Marea: “Esta misma mañana me han llamado del Grupo Socialista para sondear sobre la posibilidad de ir mañana, pero aún no sé nada en firme. Que se aclaren, que tengo dos hijos pequeños y hay que buscar soluciones”.
“El PP tiene asumida la crítica social, pero le incomoda la técnica”
Pero no, el Gobierno ganó la partida y el magistrado, miembro de Jueces para la Democracia, se quedó en su casa. “El PP no quería magistrados en las comparecencias. Han asumido la crítica social, pero les incomoda muchísimo la crítica técnica”, explicaba este jueves el juez desde Valladolid. El magistrado, que ya había acudido en el Congreso por temas relacionados con los procedimientos concursales, por ejemplo, no estuvo entre la lista de seis expertos (tres del mundo de la banca).
A su juzgado llegan anualmente más de 800 expedientes. Puesto que es mercantil, la única óptica desde la que él puede combatir las ejecuciones hipotecarias es desde el análisis de las cláusulas abusivas. “Los jueces somos cada día más sensibles con el drama de los desahucios. No sirve con interpretar una ley desde una postura desafecta. Los magistrados sufrimos los mismos problemas que los ciudadanos. Ya no somos una figura de élite, somos la clase media trabajadora. La judicatura es sensible a la realidad y tiene gran compromiso social”, asegura. No obstante, reconoce que las reformas en la Ley de Enjuiciamiento civil del 2001 “nos han quitado muchas competencias a los jueces”.
Este atípico juez, que saca tiempo para actualizar su “propuesta subjetiva” del mundo de la cocina en su blog, representa la crítica técnica que el PP no quiere oír. Repite hasta la saciedad que son los bancos los que chantajean al gobierno amenazando con un “efecto llamada e incremento de impagos” si se modifica la ley hipotecaria y con el argumento de la pérdida de “fiabilidad y solvencia”. “El cambio radical del sistema les da vértigo”, asegura.
Ha definido el Código de Buenas Prácticas (CBP), firmado el marzo pasado, como “un simple parche”. Considera que la moratoria a los desahucios es “un fracaso, una frivolidad e incluso una tomadura de pelo”, pues, al leer la letra pequeña, “uno se encuentra con cláusulas”, explica el juez, “en las que se detalla que los intereses siguen contabilizando”.
“Todo parece indicar que el PP no votará a favor de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la Plataforma de Afectados por las Hipoteca (PAH), lo cual escandaliza sólo al pensar que este Gobierno no escucha la voz de la calle. Hasta ahora, las medidas tomadas –como el CBP-, han sido insuficientes, pues no atacan el problema de raíz, sino que evitan los desahucios por razones humanitarias”, explica el magistrado. ¿Y qué sería “atacar el problema de raíz”? Responde: “Empezar por escuchar al pueblo, adaptar la deuda de las familias al valor actual de las casas y eliminar las cláusulas abusivas en materia de intereses”. Esos son, más o menos, los argumentos que los veinte diputados que se encontraban en la Sala Cánovas hubiesen escuchado esta semana.
Fernández Seijo, quien se ha definido en varias ocasiones como “un juez independiente que a la hora de votar se identifica con los planteamientos progresistas”, tiene las respuestas que el PP no quiere oír. “Si hubiese estado allí como experto le hubiese dicho al PP que las pocas soluciones que barajan está por ver que encajen con el marco legal”.
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