EN DEFENSA DE NUESTRAS FAMILIAS

Antonio Poveda Martínez

Presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales*

* También firman este artículo Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, de la Fundación Triángulo;
Isabel Gómez González, de la Asociación de gais y lesbianas con hij@s; Elisabet Vendrell i Aubach, presidenta de la Associació de Famílies Lesbianes i Gais y de FLG; y Esther Nolla, de la Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales.

En estos días se cumplen seis años de la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Partido Popular para invalidar la reforma del Código Civil que reconocía el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo. Este cambio legal constituyó un histórico avance en la equiparación legal de un colectivo, el que componemos gais, lesbianas, transexuales y bisexuales, que ha sido olvidado y discriminado a lo largo del tiempo, ampliando la protección legal a nuestra realidad familiar, tanto a las parejas como a sus hijos e hijas. Supone, además, tras décadas de invisibilidad y marginación, un reconocimiento de nuestra dignidad en una sociedad avanzada, plural y diversa. Este hecho debe producir satisfacción, no sólo en la comunidad afectada, sino también en el conjunto de la ciudadanía en la medida en que es una ampliación de derechos y libertades.

El recurso del PP es una auténtica espada de Damocles que pesa desde 2005 sobre las más de 25.000 parejas casadas desde entonces y sus familias. Sí, familias que están compuestas por dos mujeres, dos hombres, por sus hijos e hijas, con sus respectivas familias extensas que incluyen a abuelos y abuelas, tías y tíos… hablamos de varios centenares de miles de personas en España que nos hemos acostumbrado a vivir en la incertidumbre y la inseguridad y ese no es el mejor contexto para desarrollar nuestros proyectos de vida y, lo más importante, los de nuestros niños y niñas.

Incertidumbre porque, aunque tenemos la convicción del acto de justicia que supuso la reforma del Código Civil, efectivamente, ha de ser el Tribunal Constitucional el que sancione su plena compatibilidad con la Carta Magna porque así lo ha querido el Partido Popular, que con su recurso persigue anular la extensión de derechos y libertades conseguidos en aquella reforma, que no perjudica a nadie y sí implica dignidad y felicidad para muchas familias.

Además, la inseguridad por las consecuencias que podría tener una sentencia negativa del Constitucional o una “contrarreforma” impulsada por una hipotética mayoría parlamentaria del Partido Popular para esas decenas de miles de familias que en estos años han podido “salir del armario” ganando protección y dignidad. En estos últimos días, distintos medios españoles y extranjeros, entre ellos el diario Público, se han hecho eco tanto del aumento de los trámites de matrimonio entre personas del mismo sexo que se están produciendo en España en los últimos meses como del aumento de más de un 40% en las demandas de información a las organizaciones lgtb españolas.

¿Habría algo más cruel que negar estas indudables mejoras a padres, madres, hijos e hijas? El tiempo transcurrido ha desmentido algunos de los argumentos más manidos en su momento, ¿acaso se han cumplido las apocalípticas premoniciones de los sectores más conservadores que anunciaban el fin de “la familia”? Cada pareja, cada proyecto de convivencia ha podido elegir, libremente, gracias a la reforma del Código Civil, cómo organizar su relación afectiva sin perjudicar en ningún momento unas opciones a otras. El único perjuicio que existía (y puede reeditarse) es aquel que se deriva de un modelo excluyente que niega la pluralidad que ahora mismo la legalidad sí ampara. La igualdad de un colectivo ha de ser completa o, por el contrario, no lo es. Por esta razón es vital respetar la libertad de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales para elegir, en caso de querer afianzar su unión desde el punto de vista legal, entre un enlace en matrimonio o por una unión de pareja de hecho; sólo así la convivencia de estas personas se producirá en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie, se mantiene esta duda jurídica y esto nos crea un gran desasosiego.

No es aceptable que el PP trate de confundir a la sociedad con la cortina de humo del “nombre” que sistemáticamente lanza su líder, Mariano Rajoy. Si trata de disimular su recurso diciendo que es favorable a reconocer derechos pero que discrepa en que a eso se le llame “matrimonio”, ha de saber que no caemos en su trampa: nuestras familias son tan dignas como las que forman parejas heterosexuales y, por tanto, ¿por qué habrían de tener una denominación diferente y un reconocimiento legal distinto de estas? Lo que es igual ha de llamarse de la misma manera. Cualquier otra fórmula nos remite a sistemas de segregación racial de infausto recuerdo que se empeñaban en autojustificarse negando su raíz discriminatoria cuando afirmaban que personas blancas y negras tenían los mismos derechos siempre que estos se ejercieran dentro de sus respectivas comunidades. Emulando la lucha por los derechos civiles de aquellos años, estamos dispuestas y dispuestos a convertirnos todos en Rosa Parks para denunciar la ignominia a la que algunos aún quieren condenarnos.

Merecemos la dignidad y la libertad de cualquier otra persona. Existíamos, existimos y existiremos de hecho, con recurso o sin recurso, con sentencia del Constitucional positiva o negativa. El debate real es si una sociedad democrática y avanzada, como la española, está dispuesta a soportar un escenario en el que se condene, otra vez, a la clandestinidad a miles de familias vetando su derecho más elemental al amor y la felicidad.