Manuel Guerrero
La ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, promulgada por el presidente del Estado, Evo Morales, prevé la eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra o latifundio y otros componentes en manos de propietarios agrarios y empresas, y prohíbe la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas en el territorio nacional.
En sus partes más sobresalientes la nueva norma también crea la Defensoría del Sistema, un Fondo de Justicia Climática, que establece que las tierras fiscales deben distribuirse con preferencia a mujeres y pueblos indígenas, y ordena la regulación y control de la extranjerización en la propiedad, acceso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra.
En el momento de la promulgación, Morales dijo que la normativa permite la explotación de los recursos naturales sin causar daño al medio ambiente. “Si no hay naturaleza no hay vida ni humanidad y nuestra propuesta con esta ley más bien es cómo vivir con armonía y en complementariedad (con la Madre Tierra)”, señaló.
El presidente también mencionó que la acumulación de riqueza es un factor que “destroza la naturaleza”, por ello pidió a la gente no pensar en acumular bienes para asegurar su vejez.
Señaló que para evitar ese temor el Gobierno debe garantizar una buena renta dignidad. “Ahora la tarea es implementar la ley, en el tema de minería principalmente”, precisó.
Por su lado, el vicepresidente Álvaro García Linera indicó: “Si hay que producir, hay que producir, si hay que sacar algún mineral hay que hacerlo, pero encontrando el equilibrio entre satisfacción de necesidades y cuidado de la Madre Tierra”.
Puntos sugerentes de la norma:
Sagrada. La ley considera a la Madre Tierra "sagrada" y un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos que tienen un destino común.
Control. La protección de sus derechos debe estar a cargo de la Defensoría de la Madre Tierra, la Fiscalía, el Tribunal Agroambiental y todas las autoridades del Estado, según la norma, aunque no se detalla desde cuándo funcionará la primera institución.
Justicia. La norma también incluye el concepto de la "justicia climática" para reconocer el derecho a reclamar un desarrollo integral del pueblo boliviano y de las personas afectadas por el cambio climático.
Recursos. Se crea además el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y otro de Justicia Climática para conseguir y administrar recursos económicos estatales y extranjeros con el objetivo de impulsar acciones de mitigación del cambio climático.
Distribución. También establece que las tierras fiscales serán dotadas, distribuidas y redistribuidas de manera equitativa con prioridad a las mujeres, pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas que no las posean.
Regulación. La norma establece además la regulación y el control de extranjerización en la propiedad, acceso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra y que actividades económicas como la minera y la petrolera se enmarquen en los principios de esta norma. Habrá 120 días para su reglamentación.
Medidas para garantizar alimentos.
La ley de Revolución Productiva, dotación de semillas, Seguro Agrícola y el Observatorio Agroambiental son parte de las medidas que impulsa el Gobierno para garantizar la seguridad alimentaria en el país, según informó el representante del Viceministerio de Desarrollo Rural, Armando Sánchez.
El funcionario destacó el apoyo que se brinda al sector productivo del país para fortalecer la producción e incremento de productos agrícolas.
Asimismo, detalló que el Gobierno desde que se anunció el tratamiento de la Ley de Revolución Productiva apoya a los pequeños productores y a las organizaciones productivas campesinas con la ejecución de varios proyectos.
Uno de ellos, dijo que es la implementación de una empresa estratégica de semillas, la cual coadyuvará en la producción de semillas de calidad, además de producir fertilizantes y abonos orgánicos.
Por su parte, el Instituto Nacional de Seguro Agrario priorizará, en caso de desastres naturales, la atención de los pequeños productores que tengan problemas recurrentes con las condiciones climatológicas adversas. En el caso del observatorio agroambiental, permitirá desarrollar información primaria con relación a la superficie de producción, costos y demandas.
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