Rouco Varela, hace un par de días: "El Estado no es el dueño de la escuela". Tiene razón. El dueño es él, que por algo preside la Conferencia Episcopal. La Iglesia católica en España, en el siglo XXI, sigue siendo el primer patrón de la enseñanza. Rouco no solo es el jefe directo de los funcionarios más extraños del país: esos profesores de religión que paga el Estado, pero sirven a la jerarquía eclesiástica, que es quien arbitrariamente los contrata y despide. La Iglesia también controla el 69% de la educación concertada, unos centros que cada día pesan más frente a la debilitada escuela pública. Ya hay autonomías, como Madrid, donde hay menos colegios públicos que privados y concertados. Es una tendencia que va a más. Es una contrarreforma premeditada y calculada para transformar la sociedad, empezando por su base: desde la niñez.
Las mayores protestas contra la nueva reforma educativa del PP han estado ligadas al modelo de inmersión lingüística en Catalunya. Mientras tanto, el ministro Wertha conseguido esconder bajo la lengua otros aspectos también transcendentales de su plan. El catalán ha sido usado de trampantojo, una vez más.
Una de las claves de la contrarreforma deWert está en los conciertos educativos: en los requisitos que tendrá que cumplir un centro privado para que el Estado lo subvencione con dinero público. Hasta ahora, eran las autonomías -donde está transferida la educación- quienes tenían la llave y podían controlar qué colegios privados se convertían en concertados. Ahora, las tornas cambiarán. Serán los empresarios de la educación, con Rouco Varela al frente, quienes tendrán el poder para forzar un concierto educativo, incluso contra la planificación autonómica. Estos conciertos estarán amparados por un subjetivo concepto -"la demanda social"- que dejará a las autonomías sin apenas capacidad para organizar la red escolar; podrá haber "demanda social" para un colegio concertado al lado de otro público vacío. Por supuesto, las autonomías tampoco podrán negarse a subvencionar a una escuela sexista que separe a las niñas de los niños, a pesar de las sentencias del otras veces sagrado Tribunal Constitucional.
Subvencionar la enseñanza concertada es (al 69%) subvencionar la educación católica. Es otro modo de financiar con el dinero de todos el proselitismo y el adoctrinamiento de esta religión. Favorecer los conciertos es también una forma de dinamitar la escuela pública. Convierte la educación en un nuevo copago; según el INE, cada alumno de la concertada acaba pagando de media 800 euros al año. No hace falta una barrera mucho más alta para segregar a los ciudadanos desde niños, según su clase social. Sin una escuela pública de calidad, lo que se derrumba es la igualdad y el propio Estado del bienestar.
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