EL GRITO DE LOS EXCLUIDOS 2011

Frei Betto

Desde hace 17 años la Semana de la Patria, en el Brasil, está dedicada a la manifestación popular conocida como Grito de los Excluidos. Éste es promovido por el Sector de Pastoral Social de la CNBB, la Comisión de la Tierra, Caritas, Ibrades y otros movimientos e instituciones.

El lema del 17° Grito es: “Por la vida grita la Tierra… ¡Por los derechos, todos nosotros!” Se trata de asociar la preservación ambiental del planeta a los derechos del pueblo brasileño.

El salario mínimo actual -US$ 220- representa hoy la mitad del valor de compra de cuando fue establecido, en 1940. Para equipararlos se necesitaría que fuese de US$ 550. Pero, según el DIEESE, para atender a las necesidades básicas de una familia de cuatro personas, de acuerdo a lo que prescribe el art. 7 de la Constitución, el salario mínimo actual debiera de ser de US$ 850.

Las políticas sociales del gobierno son, sin ninguna duda, importantes. Pero no suficientes para erradicar la miseria. Eso sólo se consigue promoviendo la distribución de la renta a través de salarios justos, y no manteniendo a millones de familias dependientes de los recursos del poder público.

El Brasil comienza a ser alcanzado por la crisis financiera internacional. Debido a la recesión en los países ricos, nuestras exportaciones tienden a disminuir. El único modo de evitar que el Brasil también caiga en la recesión es aumentar el consumo interno, lo cual significa aumento de los salarios y de los créditos, y reducir los intereses.

La población extremadamente pobre en el Brasil se calcula que anda por los 16 millones de personas, el 59 % de las cuales (9.6 millones de gentes) están concentradas en el Nordeste.

De entre los que padecen pobreza extrema en el Brasil, el 51 % tiene menos de 19 años, y el 40 % menos de 14 años. El desafío está en liberar a esos jóvenes y niños de la carencia en que viven, proporcionándoles una educación y profesionalización de calidad.

Uno de los factores que impiden a nuestro gobierno el destinar más inversiones a programas sociales, así como a educación y a salud, es la deuda pública. Hoy la deuda federal, interna y externa, sobrepasa los US$ 80 mil millones. En el 2010 el gobierno gastó, sólo en intereses y amortizaciones de esa deuda, el 44.93 % del presupuesto general de la Unión.

¿Quién se aprovecha y quién pierde con las deudas del gobierno? El Grito de los excluidos propone desde hace años una auditoría de las deudas, interna y externa. Nadie ignora que una buena parte de la deuda es fruto de la mera especulación financiera. Como acá los intereses son más altos, los especuladores extranjeros canalizan sus dólares hacia el Brasil, a fin de obtener mayor rendimiento a su dinero.

Hay un aspecto de la realidad brasileña que atañe a la doble dimensión del lema del Grito de este año: preservación ambiental y derechos sociales. Se trata de la reforma agraria. Sólo ella podrá erradicar la miseria en el campo y paralizar el progresivo despale de la Amazonía y de nuestras selvas por la ambición desenfrenada del latifundio y del agronegocio..

Los datos procedentes del gobierno indican que en el Brasil existen hoy 62.2 mil propiedades rurales improductivas, abarcando un área de 228.5 millones de hectáreas. Pura tierra de negocio y por tanto, según la Constitución, susceptible de desapropiación.

Comparados esos datos del 2010 con los del 2003 se constata que ha habido un aumento del 18.7 % en el número de inmuebles rurales ociosos, y que el área se amplió en un 70.8 %.

Si el mayor crecimiento de áreas improductivas sucedió en la Amazonía, escenario de violentos conflictos rurales y de trabajo esclavo, sorprende el incremento constatado en el sur del país. En el 2003 había en esta región 5.413 inmuebles clasificados como improductivos. El año pasado la cantidad llegó a 7.139, o sea un aumento del 32 %. ¡Son pues 5.3 millones de hectáreas improductivas en latifundios sólo en el sur del Brasil!

De 130.5 mil grandes propiedades rurales inscritas en el catastro en el 2010, con una extensión de 318.9 millones de hectáreas, 23 mil, con una extensión de 66.3 millones de hectáreas, son propiedades irregulares, o sea tierras acaparadas ilegalmente o baldías (pertenecientes al gobierno), generalmente ocupadas por latifundios.

El Brasil, por supuesto, tiene margen para una reforma agraria, sin perjuicio de los productores rurales y del agronegocio. Con ella todos podrían ganar: el gobierno, porque recogería más tributos; la población, porque vería reducida la miseria en el campo; los productores, porque se multiplicarían sus cosechas y sus rebaños, y venderían más a los mercados interno y externo.