Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística referidos a enero de 2011, en España el 12,2% de la población es extranjera. Es decir, 5,7 millones de mujeres y de hombres que están inscritos en el padrón de alguno de los municipios españoles. Del total, menos de la mitad (2,4 millones) pertenece a alguno de los 27 países que conforman la Unión Europea, mientras que 3,3 millones provienen de otros países. Una segmentación que, a simple vista, parece gratuita pero que conlleva una diferenciación de derechos. Mientras que las personas nacidas en alguno de los países de la UE, incluyendo España, tienen derecho a circular, residir y trabajar dentro del marco de la Unión, las del resto, esos más de tres millones, no.
Discriminación en la Unión europea
Hasta aquí la norma; pero encontramos ya la primera excepción con una población a la que se discrimina: la rumana. Aún siendo ciudadanos comunitarios, los rumanos tienen desde el pasado mes de julio limitado su derecho al trabajo en España. Aduciendo “consideraciones internas generadas por la situación del mercado laboral” el Consejo de Ministros decidía que aquellos ciudadanos y ciudadanas de esa nacionalidad que no estuvieran dados de alta en el sistema de Seguridad Social español antes de 22 de julio debían tramitar una autorización de trabajo –al igual que los extracomunitarios- basada en la existencia de un contrato de trabajo.
La realidad es que el rumano es el colectivo de extranjeros más numeroso en nuestro país. Supone el 15,1% del total, seguido por el marroquí (13,4%), ecuatoriano (6,8%) y colombiano (4,7%). Aunque si lo vemos por continentes, el 41% proceden de Europa, el 24,8 vienen de Latinoamérica, el 18,8% son de África (incluyendo a quienes vienen de países del Magreb) y tan sólo un 6% han llegado desde Asia.
Mano de obra de usar y tirar
La realidad es que el rumano es el colectivo de extranjeros más numeroso en nuestro país. Supone el 15,1% del total, seguido por el marroquí (13,4%), ecuatoriano (6,8%) y colombiano (4,7%). Aunque si lo vemos por continentes, el 41% proceden de Europa, el 24,8 vienen de Latinoamérica, el 18,8% son de África (incluyendo a quienes vienen de países del Magreb) y tan sólo un 6% han llegado desde Asia.
Mano de obra de usar y tirar
Esta disparidad geográfica genera también distintos estados de opinión. Según se publicaba en el estudio El Pulso de España 2010, realizado por Metroscopia, todavía prevalece una actitud pasivamente tolerante ante la población extranjera pero se observa un aumento de las actitudes ambivalentes. Así, una amplia mayoría de españoles y españolas (71%) cree que las personas inmigrantes “deben tener los mismos derechos que los españoles”, pero solo un 4% piensa que “tienen derecho a conservar íntegramente su cultura y sus costumbres, sean las que sean”.
Este grado de rechazo aumenta si entramos en el terreno laboral. A la pregunta de si una persona extranjera que ha venido a vivir aquí se queda en paro durante mucho tiempo debería ser devuelta a su país, un 39% de las personas encuestadas dijo estar de acuerdo, considerando a los y las inmigrantes tan solo como mano de obra, no como ciudadanos y ciudadanas que pueden sufrir desempleo de larga duración; un hecho por el que la población española no es amonestada.
"Nos quitan el trabajo"
Este grado de rechazo aumenta si entramos en el terreno laboral. A la pregunta de si una persona extranjera que ha venido a vivir aquí se queda en paro durante mucho tiempo debería ser devuelta a su país, un 39% de las personas encuestadas dijo estar de acuerdo, considerando a los y las inmigrantes tan solo como mano de obra, no como ciudadanos y ciudadanas que pueden sufrir desempleo de larga duración; un hecho por el que la población española no es amonestada.
"Nos quitan el trabajo"
Tal vez una de las frases más repetidas referidas a la población inmigrante es la de “nos quitan el trabajo”, en una España con la mayor cifra de parados de toda Europa. Sin embargo, la tasa de paro entre la población extranjera es del 32,71%, trece puntos superior a la de la población española, tal y como se refleja en la Encuesta de Población Activa referida al tercer trimestre de 2011.
Una precariedad laboral que, además, tiene otras consecuencias. Un estudio del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, titulado “La Influencia de la crisis económica en la situación laboral de los inmigrantes: el desempleo”, referido a toda España destaca cuatro realidades que vive la población inmigrante en el ámbito laboral.
En primer lugar, tiene fuertes desventajas en cuanto a la probabilidad de estar ocupada, dada su mayor tasa de paro. Además, esta desventaja tiene “denominación de origen”, ya que aumenta para las personas extranjeras que no son miembros de la UE, especialmente para quienes vienen de África, que tienen un 78% menos de probabilidades que la población española de evitar el desempleo.
En segundo lugar, a igual edad e igual formación las personas inmigrantes tienen una probabilidad significativamente mayor de estar en paro. La tercera conclusión es que el haber encasillado a la mano de obra inmigrante en puestos del estatus ocupacional medio-bajo, como la construcción (un 40% del total de extranjeros empleados a finales de 2007) se ha acentuado su vulnerabilidad. Por último, se pone de manifiesto que antes de la crisis el hecho de llevar más tiempo residiendo en España daba una probabilidad mayor de estar ocupado. Ahora esa pequeña ventaja relativa se ha desvanecido y el riesgo del desempleo ya no entiende de antigüedad.
Para las personas extranjeras a la falta de trabajo se une la preocupación por poder mantener su situación regular si están en trámites de renovación. La Ley de Extranjería contempla distintas situaciones de renovación, pero todas pasan por un mínimo de cotización de tres meses, además tener una oferta de trabajo en firme, algo que cada vez es más complicado para inmigrantes y autóctonos. Si los trabajadores y las trabajadoras no cumplen con este requisito se pueden ver abocados de nuevo a ser irregulares, una situación en la que se calcula que viven (por diferentes motivos) unas 700.000 personas en España.
Se penaliza el color de la piel
Esta situación de irregularidad puede conllevar la reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), auténticas cárceles para unas personas que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa grave -no disponer de documentación en regla- y la posterior expulsión. Algunas asociaciones de toda España han denunciado, además, que en los controles de identidad la policía aborda preferentemente a personas pertenecientes a minorías étnicas sin más motivo que el color de su piel.
En un informe reciente publicado por Amnistía Internacional (AI) se asegura que “con el pretexto del control de la inmigración, en un mismo día se puede parar varias veces para comprobar su documentación a cualquiera que no tenga aspecto europeo”. El estudio titulado Parad el racismo, no a las personas. Perfiles raciales y control de la emigración en España denuncia cómo, a pesar de que la Constitución española garantiza en su artículo 13.1 la igualdad de derechos por encima de raza, sexo o religión (tanto a la población española como a la extranjera) en la realidad se ejercen estas distinciones a la hora de pedir la documentación.
Esta persecución se plasma también en el endurecimiento de las medidas sancionadoras para las personas que están en situación irregular, “utilizando de forma generalizada la expulsión” - afirma AI- frente a otras formas de sanción. Aunque la Ley de Extranjería recoge la expulsión como pena, encontrarse irregularmente en territorio español constituye una “falta administrativa grave” y, por lo tanto, puede ser sancionada con multa. Este supuesto fue respaldado por el Tribunal Supremo en 2006. Sin embargo, AI denuncia que muchas de las órdenes de expulsión se están dictando por el procedimiento preferente (48 horas) lo que hace imposible recurrir la decisión.
Cruzando el estrecho
La llegada de personas a bordo de embarcaciones a las costas españolas no ha cesado pese a la falta de oportunidades laborales. Tan sólo en el primer semestre de 2011 ya había aumentado en un 80% la llegada de inmigrantes irregulares a las costas después de jugarse la vida en el estrecho.
Según datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), en el primer semestre 2011 fueron interceptadas en las costas españolas 2.600 personas inmigrantes. Cifras de los que llegaron pero, como apunta el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, “la llegada en pateras y en cayucos es un drama humano del que se habla poco y en el que se calcula que han perdido la vida más de 1.000 personas”.
Otra realidad que enfrentan las personas inmigrantes es la falta de reconocimiento público respecto a lo que aportan a la economía y a la sociedad de este país. Si hablamos en términos monetarios, la inmigración es un factor dinamizador del sector productivo. El 30% del crecimiento del PIB entre mediados de los años 90 del siglo XX y la primera década de este siglo se debió a la entrada masiva de personas inmigrantes en el mercado laboral español.
La cifra, en ese periodo, se concreta en cerca de 5.000 millones de euros anuales a través de impuestos y contribuciones sociales. O, dicho de otro modo, el 50% del superávit de la Seguridad Social en los tiempos de mayor crecimiento se produjo gracias a esas aportaciones. Hoy, en tiempos de crisis, la contribución de las personas inmigrantes representa el 10% del total de las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero no sólo eso. La riqueza cultural que supone el intercambio y la mezcla, una de las señas de identidad de España desde el inicio de su historia, está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana.
“En los próximos años el verdadero reto está en definir el modelo de convivencia en el siglo XXI. Debemos alcanzar el concepto de ciudadanía por encima de la nacionalidad”, asegura Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge, para el que “debemos dejar de asumir la inmigración como un fenómeno utilitarista en el cual el inmigrante es únicamente un trabajador, porque además de eso es padre, madre, vecino, contribuyente…”.
"Prohibir el uso del velo no tendrá un efecto liberador" (Imane Boulaich, mediadora cultural)
A sus 31 años, Imane rompe algunos de los esquemas que muchos tenemos sobre las mujeres musulmanas. De ojos azules y eterna sonrisa asegura que respeta y apoya a sus amigas que ocultan su pelo detrás de un pañuelo.
Imane llegó a Cádiz hace cinco años y hoy trabaja como mediadora intercultural. Los tres idiomas que habla a la perfección –español, árabe y francés- le son de gran ayuda. Musulmana y practicante, nos aclara que el origen del uso del velo “no es religioso, ni mucho menos”, sino que se remonta a la época de conflictos entre tribus en las que las hijas del enemigo eran secuestradas como botín de guerra.
Imane vistió el hijab en algún momento de su vida. Hoy en día no lo hace pero considera que prohibir su uso “no tendrá ningún efecto liberador en las mujeres. Lo más probable es que no optaran por quitárselo, sino por quedarse en casa. Por aislarse. Esa sería la mejor manera de ahondar en la marginación”, concluye.
"Me piden la documentación porque soy negro" (George Mendy, 20 años, gambiano)
George Mendy salió de su país natal, Gambia, con 17 años, hoy tiene 20. Hace tres años -y después de acabar el bachillerato y obtener su Diploma en Informática- decidió buscarse la vida en otro sitio y España fue su destino final. Hoy vive en el área de El Ejido (Almería), donde trabaja en el campo al tiempo que estudia en el Centro de Adultos para sacarse el título de la ESO y aún le queda tiempo para ser voluntario en un Centro de Acogida, Bantabá, de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.
Los principios no fueron fáciles: sin hablar el idioma, sin trabajo, con miedo a ser detenido y viviendo en unas condiciones que él nunca pensó que llegaría a vivir. Pero, como él dice, “gracias a Dios hoy todo es diferente”. Sin embargo, George asegura que se siente “discriminado cuando la policía me para y empieza a preguntarme por la documentación simplemente porque soy negro” y cuando la gente piensa que “los inmigrantes somos una clase inferior”.
Una precariedad laboral que, además, tiene otras consecuencias. Un estudio del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones, titulado “La Influencia de la crisis económica en la situación laboral de los inmigrantes: el desempleo”, referido a toda España destaca cuatro realidades que vive la población inmigrante en el ámbito laboral.
En primer lugar, tiene fuertes desventajas en cuanto a la probabilidad de estar ocupada, dada su mayor tasa de paro. Además, esta desventaja tiene “denominación de origen”, ya que aumenta para las personas extranjeras que no son miembros de la UE, especialmente para quienes vienen de África, que tienen un 78% menos de probabilidades que la población española de evitar el desempleo.
En segundo lugar, a igual edad e igual formación las personas inmigrantes tienen una probabilidad significativamente mayor de estar en paro. La tercera conclusión es que el haber encasillado a la mano de obra inmigrante en puestos del estatus ocupacional medio-bajo, como la construcción (un 40% del total de extranjeros empleados a finales de 2007) se ha acentuado su vulnerabilidad. Por último, se pone de manifiesto que antes de la crisis el hecho de llevar más tiempo residiendo en España daba una probabilidad mayor de estar ocupado. Ahora esa pequeña ventaja relativa se ha desvanecido y el riesgo del desempleo ya no entiende de antigüedad.
Para las personas extranjeras a la falta de trabajo se une la preocupación por poder mantener su situación regular si están en trámites de renovación. La Ley de Extranjería contempla distintas situaciones de renovación, pero todas pasan por un mínimo de cotización de tres meses, además tener una oferta de trabajo en firme, algo que cada vez es más complicado para inmigrantes y autóctonos. Si los trabajadores y las trabajadoras no cumplen con este requisito se pueden ver abocados de nuevo a ser irregulares, una situación en la que se calcula que viven (por diferentes motivos) unas 700.000 personas en España.
Se penaliza el color de la pielEsta situación de irregularidad puede conllevar la reclusión en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), auténticas cárceles para unas personas que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa grave -no disponer de documentación en regla- y la posterior expulsión. Algunas asociaciones de toda España han denunciado, además, que en los controles de identidad la policía aborda preferentemente a personas pertenecientes a minorías étnicas sin más motivo que el color de su piel. En un informe reciente publicado por Amnistía Internacional (AI) se asegura que “con el pretexto del control de la inmigración, en un mismo día se puede parar varias veces para comprobar su documentación a cualquiera que no tenga aspecto europeo”. El estudio titulado Parad el racismo, no a las personas. Perfiles raciales y control de la emigración en España denuncia cómo, a pesar de que la Constitución española garantiza en su artículo 13.1 la igualdad de derechos por encima de raza, sexo o religión (tanto a la población española como a la extranjera) en la realidad se ejercen estas distinciones a la hora de pedir la documentación.
Esta persecución se plasma también en el endurecimiento de las medidas sancionadoras para las personas que están en situación irregular, “utilizando de forma generalizada la expulsión” - afirma AI- frente a otras formas de sanción. Aunque la Ley de Extranjería recoge la expulsión como pena, encontrarse irregularmente en territorio español constituye una “falta administrativa grave” y, por lo tanto, puede ser sancionada con multa. Este supuesto fue respaldado por el Tribunal Supremo en 2006. Sin embargo, AI denuncia que muchas de las órdenes de expulsión se están dictando por el procedimiento preferente (48 horas) lo que hace imposible recurrir la decisión.
Cruzando el estrechoLa llegada de personas a bordo de embarcaciones a las costas españolas no ha cesado pese a la falta de oportunidades laborales. Tan sólo en el primer semestre de 2011 ya había aumentado en un 80% la llegada de inmigrantes irregulares a las costas después de jugarse la vida en el estrecho. Según datos de la Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores (Frontex), en el primer semestre 2011 fueron interceptadas en las costas españolas 2.600 personas inmigrantes. Cifras de los que llegaron pero, como apunta el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, “la llegada en pateras y en cayucos es un drama humano del que se habla poco y en el que se calcula que han perdido la vida más de 1.000 personas”.
Otra realidad que enfrentan las personas inmigrantes es la falta de reconocimiento público respecto a lo que aportan a la economía y a la sociedad de este país. Si hablamos en términos monetarios, la inmigración es un factor dinamizador del sector productivo. El 30% del crecimiento del PIB entre mediados de los años 90 del siglo XX y la primera década de este siglo se debió a la entrada masiva de personas inmigrantes en el mercado laboral español.
La cifra, en ese periodo, se concreta en cerca de 5.000 millones de euros anuales a través de impuestos y contribuciones sociales. O, dicho de otro modo, el 50% del superávit de la Seguridad Social en los tiempos de mayor crecimiento se produjo gracias a esas aportaciones. Hoy, en tiempos de crisis, la contribución de las personas inmigrantes representa el 10% del total de las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero no sólo eso. La riqueza cultural que supone el intercambio y la mezcla, una de las señas de identidad de España desde el inicio de su historia, está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana.
“En los próximos años el verdadero reto está en definir el modelo de convivencia en el siglo XXI. Debemos alcanzar el concepto de ciudadanía por encima de la nacionalidad”, asegura Mikel Araguás, secretario general de Andalucía Acoge, para el que “debemos dejar de asumir la inmigración como un fenómeno utilitarista en el cual el inmigrante es únicamente un trabajador, porque además de eso es padre, madre, vecino, contribuyente…”.
"Prohibir el uso del velo no tendrá un efecto liberador" (Imane Boulaich, mediadora cultural)A sus 31 años, Imane rompe algunos de los esquemas que muchos tenemos sobre las mujeres musulmanas. De ojos azules y eterna sonrisa asegura que respeta y apoya a sus amigas que ocultan su pelo detrás de un pañuelo.
Imane llegó a Cádiz hace cinco años y hoy trabaja como mediadora intercultural. Los tres idiomas que habla a la perfección –español, árabe y francés- le son de gran ayuda. Musulmana y practicante, nos aclara que el origen del uso del velo “no es religioso, ni mucho menos”, sino que se remonta a la época de conflictos entre tribus en las que las hijas del enemigo eran secuestradas como botín de guerra.
Imane vistió el hijab en algún momento de su vida. Hoy en día no lo hace pero considera que prohibir su uso “no tendrá ningún efecto liberador en las mujeres. Lo más probable es que no optaran por quitárselo, sino por quedarse en casa. Por aislarse. Esa sería la mejor manera de ahondar en la marginación”, concluye.
"Me piden la documentación porque soy negro" (George Mendy, 20 años, gambiano)George Mendy salió de su país natal, Gambia, con 17 años, hoy tiene 20. Hace tres años -y después de acabar el bachillerato y obtener su Diploma en Informática- decidió buscarse la vida en otro sitio y España fue su destino final. Hoy vive en el área de El Ejido (Almería), donde trabaja en el campo al tiempo que estudia en el Centro de Adultos para sacarse el título de la ESO y aún le queda tiempo para ser voluntario en un Centro de Acogida, Bantabá, de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.
Los principios no fueron fáciles: sin hablar el idioma, sin trabajo, con miedo a ser detenido y viviendo en unas condiciones que él nunca pensó que llegaría a vivir. Pero, como él dice, “gracias a Dios hoy todo es diferente”. Sin embargo, George asegura que se siente “discriminado cuando la policía me para y empieza a preguntarme por la documentación simplemente porque soy negro” y cuando la gente piensa que “los inmigrantes somos una clase inferior”.
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