Poco después Lugo emitió un mensaje de despedida, en el cual dio a conocer que acataba la decisión del legislativo, pero advirtió que la democracia paraguaya había sido profundamente herida.
En reacción, Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela anunciaron de manera separada que no reconocerán al nuevo mandatario y gobierno de Paraguay, el hasta hoy vicepresidente Federico Franco, quien juró como nuevo gobernante. Los mandatarios de esos países, Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández y Hugo Chávez, respectivamente, coincidieron en manifestar que sin duda hubo golpe de Estado, por lo cual no pueden convalidar lo ocurrido.
Correa invocó la cláusula democrática de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para que se apliquen sanciones enérgicas a Paraguay, ya que en esa nación se atenta contra la democracia de toda nuestra América. Fernández de Kirchner anticipó que los países de la región decidirán un curso de acción, mientras Hugo Chávez comentó que fue un golpe de la burguesía paraguaya.
Tras la conferencia de Río+20, la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, sugirió que Paraguay sea expulsado del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unasur por el rompimiento del orden constitucional, de acuerdo con las cláusulas de los estatutos de esos organismos en relación con el respeto a las reglas democráticas.
En Washington se efectuó una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cual hubo denuncias de golpe de Estado encubierto en Paraguay, según Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Por su parte, Estados Unidos abogó por una salida consistente con la democracia, la Constitución paraguaya y el respeto al debido proceso.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, criticó la premura del juicio político contra el mandatario paraguayo. Al cierre de la reunión, la OEA manifestó su voluntad de dar seguimiento a los sucesos y tomar las decisiones que correspondan, en medio de críticas de otras naciones, como Chile y Uruguay, de que no se respetó el debido proceso en el juicio a Lugo.
Me someto a la decisión del Congreso, aseveró Lugo en sus primeras declaraciones después de la destitución. Fernando Lugo, el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido, es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa de manera cobarde, alevosa.
Dijo esperar que sus ejecutores tengan presente la gravedad de los hechos y que siempre ha actuado dentro de la ley, aunque ésta haya sido torcida. Además, que al someterse a la decisión del Congreso estaba dispuesto a responder por sus actos. Indicó que se salía por la puerta más grande de la patria y que no respondía a las clases políticas ni al narcotráfico, sino a sus compatriotas y a los excluidos.
El ahora ex mandatario abandonó la casa presidencial luego del desenlace de esta crisis, en la cual se le acusó por la muerte de 17 personas, entre ellas 11 campesinos y seis policías, en un fallido desalojo de ocupación de tierras ocurrido el viernes pasado en Curuguaty; de generar una crisis con los labriegos de Ñacunday, y de la inseguridad que se vive en el país sudamericano.
En total, 39 de los 43 senadores presentes sostuvieron que el mandatario es culpable de las acusaciones y quedó automáticamente destituido a las 18:27 horas locales, ya que alcanzaron los dos tercios (30 de 45 sin importar las ausencias) que exige la Constitución. Lugo llevaba casi cuatro años en el poder y le faltaban 14 meses para terminar su periodo de cinco años.
Cuatro senadores apoyaron la absolución del mandatario y calificaron el juicio político de atentado contra la democracia paraguaya, ya que éste se llevó a cabo en menos de 24 horas, sin permitirle mayores prerrogativas para su defensa y en un Senado donde Lugo no contaba con mayoría.
En la plaza de armas aledaña al edificio legislativo miles de manifestantes que apoyaban al todavía mandatario recibieron la noticia de la destitución con gritos de Lugo presidente y después abuchearon a los legisladores. Posteriormente hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías, que los reprimieron.
El vicepresidente Federico Franco, quien mantenía una relación tensa con Lugo, asumió más tarde la presidencia, en una sesión especial convocada por el Congreso. Ante un legislativo dominado por derechistas que combatieron a Lugo, Franco prometió entregar el poder a su sucesor en agosto de 2013, cuando debía terminar el actual periodo, respetando la democracia.
Fernando Lugo, obispo católico ligado con el movimiento campesino, quien había anticipado a la prensa que acataría el dictamen del legislativo, calificó la medida en su contra de golpe parlamentario con ropaje jurídico y motivos que no se ajustan a la verdad. Pero subrayó que desde otras instancias organizativas seguramente decidiremos hacer una resistencia en el ámbito democrático.
Lugo es señalado como el primer presidente de izquierda en Paraguay, quien con su elección – 2008– puso fin a 61 años de hegemonía del derechista Partido Colorado, sostén de la dictadura del general Alfredo Strossner.
Sin embargo, no estuvo presente en la sesión del Senado. Su defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que se suspendiera el juicio. Alegó que ya había una sentencia pre escrita de los legisladores.
Pero ni el recurso ante la Corte ni la intervención de los cancilleres de la Unasur, quienes se trasladaron a Asunción, lograron suspender el proceso de destitución ni asegurar a Lugo un debido proceso.
Los cancilleres de la Unasur reiteraron en un comunicado que es imprescindible el pleno respeto de las reglas democráticas en Paraguay, y advirtieron que el juicio político en el Congreso contra Lugo podría configurar una ruptura del orden democrático.
Lugo señaló que recibió llamadas de sus homólogos de Venezuela, Hugo Chávez; Ecuador, Rafael Correa, y Bolivia, Evo Morales, así como el apoyo por escrito de las presidentas de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Dilma Rousseff.
Aquí saben que mi destitución tendrá consecuencias, subrayó Lugo, y advirtió: Paraguay debe entender que ya no es una isla y los procesos de integración exigen compromisos mutuos.
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