HOSPITALIDAD A LOS SIN PAPELES

Publicado el 27.02.2009

Colectivos eclesiales se plantean la desobediencia civil ante el endurecimiento de la Ley de Extranjería

(José Carlos Rodríguez Soto)Imagine la siguiente situación: una comunidad de religiosas acoge a varios inmigrantes con pocos recursos, de los que varios (o todos) están sin papeles de residencia. Siguiendo el mandato evangélico de dar de comer al hambriento y dar hospitalidad al extranjero, las hermanas ofrecen habitaciones, comida y orientación a personas que han llegado en pateras o cayucos de países azotados por la pobreza y los conflictos. Todo muy bien, hasta que un buen día les llega una notificación de la policía comunicándoles que tienen que pagar una multa de varios miles de euros por estar faltando a la ley. 

No es el guión de ninguna película de ficción. Podría pasar muy pronto en España si la nueva reforma de la Ley de Extranjería sale adelante, presumiblemente antes del próximo verano. El artículo 53 c) del anteproyecto de modificación de esta ley sanciona como falta muy grave, con multa de 501 a 30.000 euros, “a quien promueva la permanencia irregular en España de un extranjero. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente previsto”.

El sacerdote mercedario Antonio Freijo, director del centro Karibu, que ayuda a miles de inmigrantes africanos en Madrid, califica esta propuesta de “auténtica barbaridad”. Aunque este centro, fundado en 1990 y cuya labor fue reconocida recientemente con el Premio Nacional del Voluntariado, no depende de ningún organismo de la Iglesia, está apoyado por multitud de religiosos y parroquias. Entre otros muchos servicios, Karibu cuenta con una red de cinco albergues en comunidades religiosas de Madrid donde, actualmente, viven 45 inmigrantes sin recursos, y -la mayoría- sin papeles. “Si esa ley sale adelante, ¿qué hacemos entonces con las mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz y que no tienen a dónde ir?”, se pregunta Freijo. “¿Y a dónde mandamos a los menores de edad a los que hospedamos porque les han hecho pruebas médicas y les han echado de los centros oficiales?”, continúa. 

Aunque quizás se trate de eso, de estrechar el cerco a los sin papeles poniéndoles en una situación de vulnerabilidad extrema. “El objetivo de esta norma es intimidar a ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y que ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, en la calle, sin comida ni vestido, ni dinero para que, mediante la presión de esta situación precaria, vuelva a su país”. Así lo valora el manifiesto Salvemos la Hospitalidad, hecho público por un grupo de profesionales (muchos de ellos cristianos) hace pocos días. En muchos casos, estas sanciones afectarían a otros inmigrantes en situación regular que tienen a su cargo a familiares que han llegado más recientemente y no tienen permiso de residencia. En otros, las multas caerían sobre infinidad de instituciones de Iglesia. Aunque nadie ha realizado un censo, es muy posible que en conventos, ONGs y casas parroquiales vivan en España varios miles de inmigrantes sin papeles, muchos de los cuales se han empadronado en sus direcciones. ¿Qué harían estas instituciones si la nueva ley entra en vigor?

‘No nos asustamos’

La CONFER tiene una posición bien definida: “No nos asustamos, seguiremos ofreciendo hospitalidad a quien lo necesite aunque no tenga papeles, incluso si eso significa llegar a la desobediencia civil”, explica Ana Isabel González, responsable del área de Justicia y Solidaridad de esta organización. Por si alguien tuviera alguna duda, CONFER acaba de enviar a todos sus miembros una relación de textos recientes del Magisterio que recuerdan la obligación sagrada de prestar hospitalidad a quien más lo necesita. Cáritas Española, en una circular enviada recientemente a todas las delegaciones diocesanas, además de valorar que “el momento (socioeconómico) elegido para un cambio legislativo tan amplio es poco afortunado”, tampoco oculta su preocupación por “las graves consecuencias que esta legislación tendría para las organizaciones del tercer sector, que serían sancionadas a causa de las personas en situación de sinhogarismo empadronadas en los centros”. 

Es posible que ninguna legislación reciente en España haya pasado por tantos cambios como la Ley de Extranjería. Desde que fue promulgada en 1985, ésta es ya la quinta reforma. El anteproyecto -que consta de 69 artículos- fue presentado por el Gobierno el pasado 19 de diciembre, y su debate en el Parlamento debería empezar en marzo. El régimen de sanciones a quienes presten ayuda a un inmigrante ilegal no es el único aspecto que se prevé endurecer. También está previsto limitar las posibilidades de reagrupación familiar, poner más trabas al acceso a los derechos sociales, como la educación y la vivienda, aumentar el número de años para que se reconozca el “arraigo” indispensable para conseguir una regularización, la prohibición de entrada en el país durante un periodo que puede ir de tres a diez años para los expulsados y la ampliación del plazo de internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) a 60 días, aunque “en ciertos supuestos, este plazo puede tomarse en indefinido, como un Guantánamo a la española”, explica el sacerdote y abogado José Luis Segovia. Para él, “hasta los presos condenados por terrorismo tienen más derechos que un extranjero sin papeles que no haya delinquido, porque al menos en las cárceles hay supervisión judicial continua, y en los CIE no”. Yendo al fondo del asunto, cree que “las leyes que vienen señalan cínicamente que se promulgan para proteger al extranjero y defenderlo de las mafias, pero su verdadero empeño es hacer invisible a la población sobrante”. Y expresa lo que es la conclusión de muchas personas, de Iglesia y de otros ámbitos: “Ante este panorama y la inhumanidad del mal derecho, tenemos el deber moral de disentir. Toca decir, ahora también: no, en mi nombre, no”.

Éste es también el parecer de Javier Baeza, sacerdote de la madrileña parroquia de San Carlos Borromeo, para quien “la nueva reforma es un paso muy peligroso que sigue la línea de cercenar los derechos de los inmigrantes iniciada hace algunos años”. Baeza, en cuya casa viven ocho inmigrantes -varios de ellos en situación irregular- lo tiene claro: “Si finalmente se aprobara la ley tal y como está en el anteproyecto, yo la desobedecería, porque no se puede penalizar el ejercicio de la solidaridad, aunque intentaría que esto produjera el menor perjuicio posible”. 

Criminalizar la inmigración

“Nosotros también seguiríamos ofreciendo acogida, aunque tal vez más discretamente”, dice Daniel Izuzquiza, en cuya comunidad de jesuitas viven cuatro extranjeros en situación irregular. Izuzquiza, que dirige la asociación de atención a inmigrantes Pueblo Unidos, piensa que éste sería un caso muy claro en el que un cristiano tendría que seguir, sin dudarlo, “la máxima de san Pedro expresada en los Hechos de los Apóstoles: ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres’, porque es un caso clarísimo en el que primaría la obligación moral”. En su opinión, el artículo 53 es “un paso más en la criminalización de la inmigración. Ahora se da un giro de tuerca y se penaliza a quien ofrece hospitalidad”.

Estos tres sacerdotes son parte de un grupo de profesionales que acaban de constituir la plataforma Salvemos la Hospitalidad, autora del manifiesto del mismo nombre, y que ha iniciado una campaña de recogida de firmas de adhesión que se envían a: jrios@der.upcomillas.es y mgallego@der.upcomillas.es. 

José Sánchez: “Cuando la economía se pone fea, se castiga a los inmigrantes”

Obispo responsable de Migraciones

También desde la jerarquía episcopal se mira este problema con preocupación. El obispo de Sigüenza-Guadalajara, y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, José Sánchez, responde a Vida Nueva sin rodeos: “No conozco la nueva ley en su literalidad, pero lo que sí sé es que hay mucha hipocresía en las políticas de extranjería, porque se basan en defender los intereses de los países europeos, no los de los inmigrantes. Cuando las cosas van bien en nuestra economía, a los inmigrantes se les usa para engordar las arcas de la Seguridad Social y de Hacienda, y cuando las cosas se ponen feas, todo son sanciones y castigos. Se levanta la mano cuando los necesitamos y se aprieta el zapato cuando nos sobran; todo son facilidades para el técnico de una empresa importante y para el diplomático, pero ¿qué pasa con el que ha venido en patera?”. José Sánchez señala también que la Iglesia tiene la función de “sensibilizar a la población para que veamos siempre a los inmigrantes como personas y no como portadores de documentos o como sujetos a los que el mercado da una cualificación”. Concluye el prelado recordando que los principios que fundamenten las leyes que regulan la inmigración deberían ser “los derechos y la dignidad de la persona”. Por eso piensa que “las legislaciones que no respetan esos principios son muy imperfectas y, algunas, malas”.

En el nº 2.650 de Vida Nueva.