Maite García Romero
Amnistía Internacional tuvo noticia de al menos 714 ejecuciones durante el año 2009, produciéndose la inmensa mayoría en Irán, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos. Este total no incluye las miles de ejecuciones que presumiblemente se consumaron en China. Además, se calcula que 2.001 personas fueron condenadas a muerte en 56 países.
Ahora bien, a mi parecer, el caso más inconcebible es el de EE.UU. Un país que supuestamente lidera las democracias libres; que la mayoría acepta la cosmovisión cristiana con relación a asuntos morales específicos, como el aborto; que practica casi todas las religiones del mundo; que ha sido cuna y lugar de desarrollo e incluso de nuevas religiones y que cuya costumbre enraizada en el sentimiento de sus gobernantes es invocar la bendición de Dios para su país, resulta que sigue manteniendo la pena de muerte, nada menos que en 37 Estados.
Desde el año 1976 que se reimplantó la pena capital, han sido ejecutadas 1.220 personas y más de 3.000 condenados esperan saber el día de su ejecución. La última llevada a cabo hace poco más de doce días, ha sido la de Teresa Lewis, de 41 años, que se encontraba en el corredor de la muerte desde 2003, tras declararse culpable de haber ordenado a dos hombres, uno de ellos su amante, que asesinaran a su marido y su hijastro, Julian y Charles Lewis, en 2002. Sus abogados mantuvieron hasta el último momento que su coeficiente intelectual, de 72, rozaba el límite legal del retraso mental, situado en 70, lo que le impedía planear una estrategia asesina y la convertía en víctima de la manipulación de uno de los autores materiales del crimen. Pues bien, ni las razones expuestas por sus abogados ni la intensa campaña que pedía clemencia por la supuesta discapacidad intelectual de la presa, ni la petición de la Unión Europea al gobernador McDonnell, de que conmutase la sentencia a cadena perpetua, logró impedir que Lewis fuese ejecutada con la inyección letal, el día 24 del pasado mes de septiembre en el Centro Greensville de Virginia (EE.UU)
Sesenta y una mujeres esperan su turno en el corredor de la muerte. Y son ya 38 las personas que han sido ejecutadas en EE UU en lo que llevamos de 2010. Jamás puede haber justificación para la pena de muerte. ¡Nunca! Ni la mayor o menor violencia del delito, ni las peculiaridades de la persona que delinque, ni el método empleado por el Estado en la ejecución. La pena capital es la negación más extrema de los derechos humanos: es un homicidio premeditado a sangre fría a manos de un Gobierno y en nombre de la justicia, y el castigo más cruel, inhumano y despreciable que existe. ¿Se puede cuantificar la tortura mental que supone permanecer en el corredor de la muerte durante años sin saber exactamente el día en el que te van a ejecutar? 25 años llevaba Lee Gardner en el corredor de la muerte cuando fue ejecutado el pasado 16 de junio en la prisión estatal de Utah (EE UU). Los abogados de Gardner que afirmaron que su cliente fue tratado injustamente durante el juicio porque carecía de fondos para pagarse una defensa legal competente, basaron sus solicitudes de clemencia o aplazamiento de la ejecución en los problemas sufridos en su juventud, cuando fue víctima de abusos y de la adicción a las drogas.
Reflexionemos sobre esta locura que es una muestra más de la falta de evolución del ser humano, y luchemos para que en un futuro próximo no tengamos que celebrar el día mundial contra la pena de muerte por la sencilla razón de que ya no exista en ningún lugar del mundo.
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