" Parece evidente que cada cierto tiempo las entidades financieras entran en crisis y, bajo las amenazas de que se tambalea todo el sistema y la economía en su conjunto, enormes cantidades de fondos públicos tienen que acudir en su ayuda. Habrá que pensar que el crédito y el dinero son asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de los banqueros. Desde luego, no tiene sentido que, como en la antigua URSS, los taxis sean públicos, pero a lo mejor tampoco lo tiene que, como en nuestros países, los bancos sean privados".
Algunos son pertinaces e irredentos. Por ejemplo, Fernández Ordóñez que, con todo lo que está cayendo, centra el peligro en que el Estado intervenga. El 19 del pasado mes hizo unas declaraciones en las que alertaba acerca del riesgo que, según él, se produce en las capitalizaciones de los bancos con entrada de representantes del Gobierno en los consejos de administración, calificándola de nefasta si se cae en la tentación de obligar a esas entidades a conceder créditos: "En el momento en que obliguemos a un banco a dar un crédito a quien no lo va a pagar, nos habremos cargado el sistema financiero". El caso es que, para destruir el sistema financiero, se valen ellos solos, y ya lo hubiesen hecho si no llega a ser por la actuación de urgencia del sector público y por el dinero de los contribuyentes. ¿Nos olvidamos, acaso, de que han sido las propias entidades financieras y la autorregulación las que se encuentran en el origen de esta crisis? Son los bancos los que han concedido créditos a quien no podía pagarlos -las famosas hipotecas subprime- y han sido los bancos los que han titulizado esa basura, la han vendido a otros bancos y han contaminado el sistema.
Incluso, refiriéndonos a España, hay mucho que decir respecto al comportamiento de nuestras entidades financieras. Se ha pregonado su solvencia y buena salud en comparación con las de los otros países. La explicación es sencilla. No han tenido demasiadas ocasiones de contaminarse. Dado nuestro déficit exterior, nuestros bancos no podían ir a los mercados internacionales a comprar activos, ni de buena ni de mala calidad, sino a emitir pasivos, a endeudarse. Era difícil, por tanto, que adquiriesen en el extranjero activos de dudosa procedencia.
Otra cosa es la contaminación interior porque, sin llegar a la aberración de las hipotecas subprime, al conceder créditos con excesiva alegría y permitir el apalancamiento, las entidades financieras han sido, en buena medida, las causantes de la burbuja inmobiliaria y del brutal endeudamiento de nuestra economía. Esas personas tan sabias y expertas que dirigen los bancos quizás se han autoengañado pensando que las condiciones económicas iban a permanecer inmutables (buen ejemplo de ello son los préstamos a Sacyr); pero de lo que no hay duda es de que han engañado a los clientes y a la sociedad en su conjunto.
La cultura financiera de la mayoría de los ciudadanos es escasa y, por lo general, se fían de lo que les diga el banco, sin ser capaces de discernir muchas veces la verdad de la mentira. En unos momentos en los que los tipos de interés eran excepcionalmente bajos, las entidades financieras impusieron el interés variable con lo que el riesgo pasaba de éstas al cliente al que se engañaba, o al menos se confundía, presentándole una oferta que no era real. Casi todo el mundo, cuando va a demandar un crédito, en lo que se fija es en la cuota que va a tener que pagar todos los meses, y si ésta es asequible teniendo en cuenta sus ingresos. Pero, con interés variable y especialmente con largos plazos de amortización, esa cuota puede modificarse de manera sustancial, ya que casi todo lo que se paga en los primeros años son intereses, por lo que variar el tipo de interés, también lo hace y casi en la misma proporción la mensualidad. Tal escenario va a conducir a un fuerte incremento de la morosidad, y a crear una situación económica angustiosa en muchos ciudadanos.
Este comportamiento de las entidades financieras contrasta con el que están practicando en la actualidad. Desde la propia vicepresidencia económica se ha mostrado preocupación por que el crédito no llega a las empresas o a las familias y, cuando llega, lo hace con unas condiciones draconianas. En plena recesión, casi deflación, las entidades financieras están cobrando a sus clientes unos tipos de interés desmedidos, integrados por dos factores diferentes. Por una parte, el nivel del Euribor (tipo al que los bancos se prestan entre ellos), dado que presenta una diferencia anormal con respecto a la tasa de interés que marca el BCE, hecho que éste debería tener en cuenta al fijarla.
Pero el otro factor es que la banca, sin razón aparente, aplica un diferencial sobre el Euribor muy superior al que fijaba anteriormente, y, además, lo completa con domiciliación de la nómina, seguro de vida, del hogar, fondo de pensiones y no se sabe cuántas cosas más, lo que constituye todo ello un pago en especie. No se trata, por tanto, de que los bancos se hayan vuelto más cuidadosos a la hora de decidir a quién prestan, ni que exijan más garantías -lo que parecería lógico, dada la ligereza con la que se han comportado en la etapa anterior-. Se trata de que parecen querer compensar ahora, a costa de los clientes solventes, las pérdidas que pueden derivarse de las alegrías de antaño. Lo cierto es que están encareciendo el crédito y ahondando la recesión.
A quienes temen que el poder político entre en la banca, habrá que decirles que difícilmente lo hará peor que el poder económico y los llamados independientes. Además, al Gobierno se le pueden exigir responsabilidades; a los banqueros, nunca. Parece evidente que cada cierto tiempo las entidades financieras entran en crisis y, bajo las amenazas de que se tambalea todo el sistema y la economía en su conjunto, enormes cantidades de fondos públicos tienen que acudir en su ayuda. Habrá que pensar que el crédito y el dinero son asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de los banqueros. Desde luego, no tiene sentido que, como en la antigua URSS, los taxis sean públicos, pero a lo mejor tampoco lo tiene que, como en nuestros países, los bancos sean privados.
Algunos son pertinaces e irredentos. Por ejemplo, Fernández Ordóñez que, con todo lo que está cayendo, centra el peligro en que el Estado intervenga. El 19 del pasado mes hizo unas declaraciones en las que alertaba acerca del riesgo que, según él, se produce en las capitalizaciones de los bancos con entrada de representantes del Gobierno en los consejos de administración, calificándola de nefasta si se cae en la tentación de obligar a esas entidades a conceder créditos: "En el momento en que obliguemos a un banco a dar un crédito a quien no lo va a pagar, nos habremos cargado el sistema financiero". El caso es que, para destruir el sistema financiero, se valen ellos solos, y ya lo hubiesen hecho si no llega a ser por la actuación de urgencia del sector público y por el dinero de los contribuyentes. ¿Nos olvidamos, acaso, de que han sido las propias entidades financieras y la autorregulación las que se encuentran en el origen de esta crisis? Son los bancos los que han concedido créditos a quien no podía pagarlos -las famosas hipotecas subprime- y han sido los bancos los que han titulizado esa basura, la han vendido a otros bancos y han contaminado el sistema.
Incluso, refiriéndonos a España, hay mucho que decir respecto al comportamiento de nuestras entidades financieras. Se ha pregonado su solvencia y buena salud en comparación con las de los otros países. La explicación es sencilla. No han tenido demasiadas ocasiones de contaminarse. Dado nuestro déficit exterior, nuestros bancos no podían ir a los mercados internacionales a comprar activos, ni de buena ni de mala calidad, sino a emitir pasivos, a endeudarse. Era difícil, por tanto, que adquiriesen en el extranjero activos de dudosa procedencia.
Otra cosa es la contaminación interior porque, sin llegar a la aberración de las hipotecas subprime, al conceder créditos con excesiva alegría y permitir el apalancamiento, las entidades financieras han sido, en buena medida, las causantes de la burbuja inmobiliaria y del brutal endeudamiento de nuestra economía. Esas personas tan sabias y expertas que dirigen los bancos quizás se han autoengañado pensando que las condiciones económicas iban a permanecer inmutables (buen ejemplo de ello son los préstamos a Sacyr); pero de lo que no hay duda es de que han engañado a los clientes y a la sociedad en su conjunto.
La cultura financiera de la mayoría de los ciudadanos es escasa y, por lo general, se fían de lo que les diga el banco, sin ser capaces de discernir muchas veces la verdad de la mentira. En unos momentos en los que los tipos de interés eran excepcionalmente bajos, las entidades financieras impusieron el interés variable con lo que el riesgo pasaba de éstas al cliente al que se engañaba, o al menos se confundía, presentándole una oferta que no era real. Casi todo el mundo, cuando va a demandar un crédito, en lo que se fija es en la cuota que va a tener que pagar todos los meses, y si ésta es asequible teniendo en cuenta sus ingresos. Pero, con interés variable y especialmente con largos plazos de amortización, esa cuota puede modificarse de manera sustancial, ya que casi todo lo que se paga en los primeros años son intereses, por lo que variar el tipo de interés, también lo hace y casi en la misma proporción la mensualidad. Tal escenario va a conducir a un fuerte incremento de la morosidad, y a crear una situación económica angustiosa en muchos ciudadanos.
Este comportamiento de las entidades financieras contrasta con el que están practicando en la actualidad. Desde la propia vicepresidencia económica se ha mostrado preocupación por que el crédito no llega a las empresas o a las familias y, cuando llega, lo hace con unas condiciones draconianas. En plena recesión, casi deflación, las entidades financieras están cobrando a sus clientes unos tipos de interés desmedidos, integrados por dos factores diferentes. Por una parte, el nivel del Euribor (tipo al que los bancos se prestan entre ellos), dado que presenta una diferencia anormal con respecto a la tasa de interés que marca el BCE, hecho que éste debería tener en cuenta al fijarla.
Pero el otro factor es que la banca, sin razón aparente, aplica un diferencial sobre el Euribor muy superior al que fijaba anteriormente, y, además, lo completa con domiciliación de la nómina, seguro de vida, del hogar, fondo de pensiones y no se sabe cuántas cosas más, lo que constituye todo ello un pago en especie. No se trata, por tanto, de que los bancos se hayan vuelto más cuidadosos a la hora de decidir a quién prestan, ni que exijan más garantías -lo que parecería lógico, dada la ligereza con la que se han comportado en la etapa anterior-. Se trata de que parecen querer compensar ahora, a costa de los clientes solventes, las pérdidas que pueden derivarse de las alegrías de antaño. Lo cierto es que están encareciendo el crédito y ahondando la recesión.
A quienes temen que el poder político entre en la banca, habrá que decirles que difícilmente lo hará peor que el poder económico y los llamados independientes. Además, al Gobierno se le pueden exigir responsabilidades; a los banqueros, nunca. Parece evidente que cada cierto tiempo las entidades financieras entran en crisis y, bajo las amenazas de que se tambalea todo el sistema y la economía en su conjunto, enormes cantidades de fondos públicos tienen que acudir en su ayuda. Habrá que pensar que el crédito y el dinero son asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de los banqueros. Desde luego, no tiene sentido que, como en la antigua URSS, los taxis sean públicos, pero a lo mejor tampoco lo tiene que, como en nuestros países, los bancos sean privados.
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