LAS TRABAJADORAS DOMÉSTICAS PASAN A LA ACCIÓN

Ante el freno al reconocimiento de sus derechos

José Luis Palacios

El pasado 28 de marzo, unas doscientas mujeres, la mayoría inmigrantes, del Taller Territorio Doméstico se echaron a las calles de Madrid para pedir el «fin de la esclavitud»,de la legislación que las condena a trabajar sin derechos, ni garantías. Recorrieron las vías públicas de la capital, plumero en mano, limpiado los escaparates y exigiendo el reconocimiento jurídico y social a su trabajo.

 El año pasado terminó con unas 300.000 personas afiliadas al Régimen Especial de trabajadores del Hogar, de las que más del 90 por ciento son mujeres y cerca del 60 por ciento, inmigrantes. Sin embargo, por su carácter informal, las estimaciones apuntan a que la cifra real de trabajadoras domésticas podría alcanzar el millón de personas.

El Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980, no se aplica al sector del servicio doméstico. Una ley de 1985 regula –mas bien desregula– las condiciones de trabajo del sector, reduciendo derechos y permitiendo, de hecho, todo tipo de abusos. Las empleadas del hogar (la mayoría de las trabajadoras son mujeres) pueden trabajar un máximo de nueve horas al día, sin contar «los tiempos de presencia, a disposición del empleador ». En el caso de las internas, tan sólo disfrutan de 36 horas libres a la semana. No tienen cobertura por enfermedad común, hasta el día 29 y a partir del segundo mes de baja deben pagarse íntegra la Seguridad Social, con lo que les quedan menos de 400 euros al mes.

El sueldo legal no supera el salario mínimo, que puede verse reducido en un 45% a cambio de alojamiento y manutención. «Por voluntad del empleador » pueden ser despedidas legalmente, con una indemnización de siete días por año trabajado. Pero lo más grave radica en que basta un contrato verbal, para establecer la relación laboral, con lo que cualquier abuso o incumplimiento de lo inicialmente pactado resulta muy difícil de probar.

Con la incorporación de las mujeres inmigrantes, con y sin papeles, las condiciones no han mejorado. Más al contrario, familias sin escrúpulos, encontraron en la irregularidad de las trabajadoras extranjeras, un nuevo elemento para atemorizar a sus empleadas e intensificar la explotación.

Tras décadas de lucha infructuosa por la dignificación y el reconocimiento de los trabajadores del servicio doméstico, a finales de 2007, se abrió un hilo de esperanza. Entre los temas a tratar dentro del marco de negociación de la reforma laboral se incluía la desaparición del Régimen Especial de los Empleados del Hogar con su consiguiente equiparación al del resto de los trabajadores.

Pero la reforma no salió adelante en 2008, la fecha inicialmente prevista por el gobierno, por lo que empezó a cundir el desánimo entre los colectivos de trabajadoras. En enero de este año, el gobierno propuso a los agentes sociales una nueva regulación progresiva que concluiría dentro de unos años y que se quedaba todavía lejos de la total equiparación con el resto de los asalariados. Al menos, apostaba por el contrato por escrito y unas cotizaciones a la Seguridad Social proporcionales al tiempo de trabajo real. Los sindicatos han propuesto la cotización desde la primera hora trabajada y con arreglo a sus salarios reales, el derecho al desempleo y una cobertura de la baja por enfermedad equiparable a la de otros asalariados. También propone que su salario sea como mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) anual en 14 pagas, sin descuentos por alojamiento o comida, con supresión de despido de 7 días por año, la mejora de sus descansos y su jornada laboral, y que se promueva la prevención y la salud laboral a través de su formación.

Las centrales de trabajadores apuestan además, por no considerar trabajadoras del hogar a las cuidadoras de personas profesionales o a los que trabajan como jardineros o chóferes.

Como alternativa para contrarrestar los miedos del Ejecutivo y la Patronal referidos al incremento del déficit público y el aumento de los salarios en el sector y de la economía sumergida, por el fomento de las empresas de servicio doméstico, tanto privadas como concertadas e incluso en manos de las trabajadoras, como una vía de integración en el mercado de trabajo normalizado.